Por otra política energética
Propuestas y preguntas para una política energética al servicio de las necesidades y calidad de vida del pueblo argentino.
Los debates que se dan en los medios dan por sentado que la causa de la crisis energética es la falta de inversiones y que esa falta obedece al retraso en las tarifas: “alguien tiene que pagar”. No se cuestiona el problema de fondo: la continuación de las concesiones y prebendas a las petroleras, más allá de que se paguen en forma directa a través del tarifazo de Macri o en forma indirecta a través de subsidios con fondos públicos.
Se presenta el problema como una puja respecto de quiénes tienen que pagar los aumentos. No se está abordando, pues, el problema de los costos reales de producción, y que durante años la política fue garantizarle a las petroleras precios muy superiores a esos costos, con lo que se les garantizaron rentas extraordinarias, que “se llevaron con pala” fuera del país, y no invirtieron. Como resultado, la producción de gas (y petróleo) fue disminuyendo, al tiempo que crecieron las importaciones, hasta representar hoy la tercera parte de lo que se consume.
Esas crecientes importaciones de gas junto con las de combustibles estuvieron en el origen de la crisis fiscal que el gobierno K “tapaba” con el cepo al dólar y la emisión monetaria (con la maquinita).
El gobierno de Macri propone un “sinceramiento”, pero sin revisar lo esencial de esa política que garantiza rentas extraordinarias a las petroleras, sin revisar las estructuras de costos de producción local, procesamiento y distribución. Sin un plan de inversiones necesarias y con control/auditorías de la realización de tales inversiones.
Se sigue considerando a un recurso no renovable como una mercancía más (commodity) y no como un recurso y palanca para el desarrollo industrial, y de otros sectores como el transporte, necesarios para el bienestar de todo el pueblo.
Algunos datos para analizar:
Con respecto al gas natural, la política ha sido la fijación de un precio en boca de pozo que beneficia al productor, sin contrapartida en nuevas inversiones y empleos. El precio otorgado al productor local está a un valor (promedio) de U$D 4,8 a 5,0 /MM BTU y para el Plan Gas (los proyectos que incrementan la producción base) es de U$D 7,5 / MM BTU.
Esto sirve para evaluar y analizar parte importante del “tarifazo”, ya que el aumento del precio del gas en boca de pozo (el gas producido por las distintas petroleras) afectó en forma sustancial en las nuevas tarifas. Precisamente, la decisión de Aranguren de pasar de un valor promedio de U$S 2,60 el millón de BTU (unidad de medida) a un precio (según las cuencas) de U$S 4,50–5,00 el millón de BTU incidió en aproximadamente un 70% del aumento de la tarifa del gas. El otro 30% del aumento se corresponde con el cuadro tarifario del transporte por gasoductos y la distribución domiciliaria.
Por otra parte, la devaluación significó un incremento del 45% en los precios del gas importado de Bolivia y, mayormente, del GNL de ultramar y desde Chile.
Ese incremento en el precio del gas en boca de pozo lo pagan todos los usuarios: los residenciales, los industriales y comerciales, y también las usinas eléctricas, con lo cual se traslada también al precio de la electricidad, aumentando aún más su costo.
El monto aproximado de esta transferencia de renta de todos los usuarios argentinos a las empresas petroleras es de U$S 2.800 millones de dólares por año. En dólares, la facturación anual aproximada de los productores de gas era de 4.000 millones anuales, mientras que con este incremento se van a 6.800 millones.”
La dimensión de la distorsión de los precios del gas, creada a la medida del oligopolio productor privado, se evidencia cuando los comparamos con los precios en U$S/millón de BTU) del mercado internacional:
Si bien el consumo de gas se mantuvo en el primer trimestre de este año prácticamente en los mismos términos que el 2015 (lo que habla de una industria estancada), se amplió la brecha entre producción y consumo, porque el incremento del consumo en los siguientes cuatro meses obedeció a un clima más frío. Esto dio como resultado el agotamiento de la capacidad de las dos plantas regasificadoras del GNL importado (Bahía Blanca y Escobar), alimentadas por los cargamentos subastados por ENARSA, y que se haya comprado con desesperada decisión el GNL regasificado más caro, procedente de Chile. El precio del gas natural importado de Bolivia es de U$D 3,0/MM BTU, el precio de los cargamentos de GNL se reportó a U$D 5,5 /MM BTU (más gastos operativos y de estadía de los buques metaneros), el precio de compra a Chile fue de ¡U$D 7,0 / MM BTU!
Este festival de precios es expresión del desquicio en que se ha convertido este sector de la economía. Recuérdese la historia de despilfarro, cuando exportábamos gas natural a Chile, en los primeros años de la década pasada. Previamente, la privatización de Y.P.F. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado) y Gas del Estado, abandonando el legado patriótico de E. Mosconi y J. Canessa, abría el camino de la decadencia. Con Galuccio, YPF y las asociaciones con Chevrón y otros grandes monopolios petroleros: Pan American, Sinopec, Exxon, Total, Shell, instalaron el espejismo de Vaca Muerta, al que se apostó como futuro y único camino del desarrollo, mientras se aseguran la posesión de los yacimientos y con la ridícula estrategia de “por dos, por tres, por muchos más Chevron”. Hoy, eufemísticamente, se habla de “desaceleración de inversiones en Vaca Muerta”, que representa ¡¡¡menos del 4% de la oferta nacional!!!
En esencia, se está aplicando la misma política energética en un sector básico de la economía nacional que arrojó las consecuencias (medibles en términos de exploración, producción, desarrollo e infraestructura de transporte y distribución, desde la desregulación y privatización del sector, lo que desemboca en el colapso del 2001) de encarecimiento del servicio público de gas, en buena parte ficticio porque esconde la apropiación indebida y fraudulenta de enormes ganancias a favor de los concesionarios privados de nuestros recursos naturales, y que se intenta descargar sobre el bolsillo de los consumidores.
Sólo con otra política energética podrá revertirse esta nefasta realidad para encarar un futuro de desarrollo económico y prosperidad para los argentinos.
Debemos exigir precios del gas (y de los demás combustibles) y calidad del servicio público del suministro, que reconozcan y garanticen que constituyen un derecho humano a respetar, como lo ha remarcado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la suspensión de las tarifas.
Al mismo tiempo, debemos continuar la irrenunciable tarea de difundir las causas de esta larga fase de crisis energética y proponer el plan de recuperación de ese sector, para que se transforme en verdadera palanca del desarrollo productivo, sometido y frenado hoy por un sistema parasitario de posesión de nuestras reservas y activos productivos por parte de los monopolios petroleros cuyos fines rentísticos se contraponen con las necesidades y derecho de los argentinos de contar con energía para una vida digna.
El plan estratégico para una energía al servicio de las necesidades del pueblo requiere:
– En primer término, la expropiación total de YPF SA y su conversión en Sociedad del Estado, para transformarla en la empresa señera y líder del desarrollo necesario.
