Toda la legislación vigente en materia electoral y de los partidos políticos busca asegurar un sistema bipartidista, dos partidos fuertes, que se alternan en el poder, a imagen y semejanza de lo que sucede en EEUU.
Es necesario una verdadera reforma política que haga efectivos los derechos y garantías establecidos en los art. 37 y 38 de la Constitución Nacional, actualmente limitados y cercenados por la legislación proscriptiva vigente.
Sin embargo la reforma política propuesta por el Gobierno, lejos de corregir esto, lo refuerza y lo único que cambia realmente es el sistema de votación.
Es evidente que es necesario cambiar el sistema de votación, que como se ha demostrado en reiteradas oportunidades, se presta a maniobras capaces de cambiar y o manipular la voluntad popular. Robo de boletas, voto cadena, robo de votos a los partidos que no tienen fiscales, etc., que junto a las listas colectoras, candidaturas testimoniales, doble candidatura, etc., desvirtúan el proceso democrático.
Sin embargo el Gobierno ha propuesto reemplazar el actual sistema por el de boleta única electrónica, que ya se implementó en Salta y CABA. Este es un sistema seriamente cuestionado por los especialistas por ser técnicamente vulnerable, muy difícil de controlar por cualquier ciudadano sin conocimientos informáticos avanzados y que por todo ello ha sido descartado en todos los países más avanzados.
El sistema de boleta única electrónica con respaldo de papel, requeriría como mínimo software de código abierto y un sistema de auditoria de las universidades públicas nacionales, elementos que no están planteados en esta reforma.
Por el contrario el software y el equipamiento propuestos son de exclusivo dominio de las empresas proveedoras. Además es un sistema muy costoso para el Estado y un gran negocio para los proveedores de las máquinas y el software.
El sistema de boleta única de papel, ya implementado con variantes en Santa Fe y Córdoba, permite prevenir las maniobras señaladas, es más confiable y controlable y mucho más económico. Por lo que es altamente sospechosa la elección del Gobierno y proponemos cambiarla por el sistema de boleta única de papel.
Las PASO, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el sistema de financiación, son parte de la legislación que hay que cambiar para garantizar mínimamente los derechos políticos.
Ley de “democratización de la representación política, la transparencias y la equidad electoral “
La Ley 26.571 crea un sistema de internas primarias, en las cuales es obligatorio obtener un mínimo de votos para poder presentarse en los comicios generales.
Inventa un requisito de admisibilidad previa que viola el derecho constitucional de elegir y ser elegido, así como el rango constitucional de los partidos políticos para designar candidatos.
Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Todos tienen el mismo derecho a que la totalidad del pueblo argentino juzgue su plataforma y los vote o no, tanto un ciudadano y un partido que tiene pocos seguidores como aquellos que ganaron las últimas elecciones.
La Constitución garantiza el derecho de elegir y el derecho a ser elegido, en cambio las leyes proscriptivas, introducen un requisito previo, o sea para que el ciudadano pueda ser elegido, previamente es necesario tener un número mínimo de votos en una elección primaria. El carácter proscriptivo de este requisito es evidente en tanto rige también en el caso de que haya una sola lista de candidatos. Además, al imponer ese requisito para todas las categorías de candidatos en cada distrito, pone en inferioridad de condiciones a los partidos que carecen de un aparato partidario en alguno de los 24 distritos electorales.
Por otra parte la elección abierta y obligatoria desnaturaliza la base programática de todos los partidos políticos. En efecto, con el sistema inventado, un ciudadano comunista puede influir en los candidatos de un partido liberal, otro ciudadano conservador, puede votar y decidir los candidatos del partido socialista, etc.
Es dejar el debate programático y estratégico en manos de los aparatos políticos y un fortalecimiento de principios contrarios a la Constitución Nacional.
Ley Orgánica de los Partidos Políticos
La Ley 23.298 condiciona la obtención de la personería como partido político a la presentación de una cantidad de avales y después una cantidad igual de afiliados. Luego exige mantener un número determinado de afiliados, participar en elecciones consecutivas y obtener un número mínimo de votos (2% del padrón) para seguir existiendo como partido político.
Como si todo esto fuera poco al partido que se le impone la caducidad de su personería, por no cumplir alguna de las exigencias señaladas, se lo castiga prohibiéndole participar de la siguiente elección, lo que, además, lo coloca en inferioridad de condiciones al obligarlo a ir a una elección nacional con distritos en los que no puede presentar candidatos.
El Financiamiento de los Partidos
La mayor desigualdad entre las agrupaciones políticas está en el financiamiento. Si bien La Ley 26571 estableció la prohibición a las agrupaciones políticas de contratar en forma privada publicidad en emisoras de radiodifusión y tv para las elecciones y un sistema de distribución por sorteo de esos espacios de publicidad, que garantiza a todas las agrupaciones poder dar a conocer sus propuestas a toda la población, con independencia de los recursos económicos que tenga, la desigualdad sigue siendo enorme.
La relación entre los partidos que más gastaron y los que menos gastaron en la última campaña presidencial, sin contar el ballotage, es 10 a 1. La agrupación que más gastó fue Cambiemos, $ 130 millones. Un 22% de eso recibió del Estado y el resto, 78%, de aportes privados. Hablamos de lo declarado ante la justicia electoral que, como todos sabemos, es solo una parte de lo realmente invertido en la campaña.
Por ejemplo los oficialismos, es decir los partidos que gobiernan la Nación, las provincias o municipios, difunden sus actividades y promueven sus dirigentes desde las acciones de gobierno y con los fondos del Estado, además es conocido que reciben aportes para las campañas de las empresas que contratan o quieren contratar con esos gobiernos, aunque las leyes lo prohíban, encuentran los mecanismos para hacerlo.
Todo eso plantea la gran desigualdad que hay que corregir si se quiere un sistema más democrático.
Dentro de las fuentes del financiamiento del sistema de partidos, el equilibrio electoral o igualdad de oportunidades para los partidos políticos frente a la competencia, se establece desde el financiamiento público que garantiza el financiamiento para todos los partidos políticos. Sin embargo el financiamiento público se distribuye de acuerdo al criterio de representación, por lo que los partidos con mayor fuerza electoral, medida en votos de la elección anterior, y representación legislativa, reciben mayor financiamiento público. Ese criterio promueve que los actores políticos con menor representación reciban menor financiamiento público.
El financiamiento público garantiza que en la competencia electoral se presenten partidos que no cuentan con financiamiento privado. El financiamiento público contribuye a igualar a los partidos, se creó para tratar de lograr equidad, en la competencia, evitando que los que no pueden recaudar queden afuera. Por tanto el financiamiento público garantiza la equidad electoral. Sin embargo la distribución de los fondos públicos de acuerdo a los votos obtenidos profundiza la desigualdad.
Por todo ello proponemos:
- Mecanismos que aseguren la transparencia del proceso electoral, entre otros otras boleta única de papel en todo el país
- Eliminación de las PASO, en particular, eliminación del piso restrictivo. Cada partido debe tener la potestad de definir su propia interna partidaria y la elección democrática de sus candidatos.
- Eliminación de los requisitos proscriptivos para la obtención y mantenimiento de las personerías de los partidos políticos, en particular la Derogación del los incisos b y c del ARTICULO 50.- de la Ley 23298
- La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas
- No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda
- Que se eleve el financiamiento del Estado a los partidos políticos para garantizar su actividad con independencia de los aportes privados y que el mismo se distribuya en forma igualitaria entre todos los partidos.
- Paridad y alternancia de género en la conformación de las listas.
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